Hace varios años, en mi adolescencia, añoraba revoluciones y violencia, después aprendí que el camino era otro. Hoy, el gobierno mexicano no quiere dejarnos otra opción.
El 28 de noviembre “levantaron” a Sandino Bucio, un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente lo liberaron, pero el muchacho se encontraba muy golpeado.
Recientemente, Sandino acudió a una entrevista con Carmen Aristegui; allí declaró que lo amenazaron con desaparecerlo como a los normalistas de Ayotzinapa, que lo amenazaron con violarlo, con dañar a su familia, que todo el camino lo fueron golpeando e insultando. Hacia el final de la entrevista, Aristegui preguntó sobre su participación en la marcha que se encaminaba al aeropuerto el #20NovMX pues presentó una serie de fotografías donde una persona parecida a él, con el rostro encapuchado, se preparaba para lanzar algún artefacto hacia algún lugar.
Sandino aceptó que su participación en esa marcha fue de esa manera también. Cubrió su rostro y arrojó proyectiles contra granaderos.
Las reacciones en línea no tardaron: aparecieron viñetas con las fotos de Sandino con el slogan “Infiltrados del gobierno, decían. Les paga el estado, decían”.
Una simple declaración pareció borrar completamente las fotos de los camiones militares que se encaminaban a los puntos de concentración de las marchas, las fotos del sargento Ezequiel Escutia dentro de dicho camión y fotos de él también arrojando proyectiles contra quienes supuestamente son sus compañeros en el deber: los granaderos.
Nunca he dudado que existe gente con inclinaciones violentas en cada manifestación, que ya con los ánimos caldeados basta una chispa para detonar un enfrentamiento brutal (donde indudablemente ganarán los que van armados), pero tampoco debemos dudar de que, quien lanza la primer piedra nunca ha sido, en este caso, la población civil.
Mientras EPN informa que la violencia será intolerable en las marchas, olvida que la primera medida violenta la tomó el gobierno mexicano con la desaparición de los 43 estudiantes, con las reformas educativa, laboral y energética, con la impunidad en que viven los violadores y asesinos de mujeres en el Estado de México y Ciudad Juárez; que el primer acto de violencia también fue meter infiltrados en las marchas, cuya única ocupación es iniciar la lucha donde los manifestantes ya hastiados de que su voz no se escuche están dispuestos a todo con tal de cambiar el país y, sin quererlo (o tal vez sí), recordar las palabras del Subcomandante Marcos: “Si para eso tenemos que chocar, choquemos”.
Bucio no ejemplifica lo violento de los manifestantes (que se comportaron en todo momento, en la marcha hacia el Zócalo de manera pacífica) sino un síntoma social que va creciendo conforme la vox populi es ignorada: preferible el enfrentamiento para buscar una vida mejor que ser esclavo de los caprichos de unos pocos.
Por último: Sandino, en un acto de honestidad, admitió su participación violenta (muy al contrario de la cobarde mentira del sargento Ezequiel, quien ante la evidencia física sigue negando su participación). Se explicó: “teníamos que defendernos”. Entiendo claramente el concepto. Quien haya ido a una escuela de niño y le tocara compartir salón con el bravucón que le robaba el almuerzo y lo insultaba, también debe entenderlo. Nos dicen desde pequeños: “defiende lo tuyo, es tu derecho defenderte del malo”.
Uno pensaría que los malos son quienes infringen la ley pero ninguna ley está por encima de los derechos humanos y, curiosamente, las leyes actuales buscan mermar estos derechos inalienables; por ejemplo, la nueva reforma a las leyes de movilidad en donde pone que para no afectar ni a terceros, ni a la moral, la fuerza pública puede tomar medidas alternativas.
En principio, esa ley rompe con todo el principio de claridad y puede malinterpretarse de muchas formas; ¿qué se entiende en la ley por “moral”? ¿cuáles son las “medidas alternativas”? Varios diputados certifican que una ley así atenta directamente contra la libertad de expresión. Resulta muy “curioso” que una ley así pase justo después de las protestas del #20NovMx y del #1DicMX. El fantasma de viejas dictaduras latinoamericanas aparece en versión 2.0.
Actualmente no sólo han desaparecido a los 43 normalistas de Ayotzinapa: detuvieron a estudiantes de la UNAM que se caracterizan por su activismo en asambleas y protestas; Jaqueline Santana, estudiante de la FES Acatlán (UNAM), acusada de robar 500 pesos a un policía federal; David Flores Ceja, estudiante de posgrado de la Facultad de Química (UNAM), desaparecido desde el 27 de noviembre (se sospecha que lo “levantaron” como a Bucio), Demián Reyes, Ariel Flores Reyes, Oscar Espinoza Trigueros (estudiantes de la UNAM, del IPN, del CENART, a quienes presentaron esposados de pies y manos –algo completamente ilegal– ) y otros muchos detenidos en las marchas.
Después del video del levantón surgió una duda entre varios de mis conocidos: ¿qué haríamos si esa fuera nuestra situación? ¿Dejarnos llevar adentro del auto donde sabemos que nos golpearán, amenazarán, violarán y encarcelarán bajo pretextos absurdos (como llamarle “compa” a un amigo)? ¿O estaríamos dispuestos a luchar, a zafarnos, a correr, a golpear y amedrentar para liberarnos o que mínimo les costara sudor, sangre y miedo el secuestrarnos? Primero, incertidumbre. Después, la respuesta estuvo clara: ni sumisión, ni rendición.
